Veracruz es el tercer estado dentro de la federación que
tiene más población: arriba de los siete millones y medio de habitantes;
también es el tercer lugar en cuanto a su propia división territorial
municipal, al tener 212 municipios; es el principal procesador de petróleo
crudo nacional; sin embargo, nuestro Producto Interno Bruto, está superado por
el Distrito Federal, México, Nuevo León y Jalisco.
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| IPCN: exigencia de salario digno de los trabajadores al gobernador del estado. |
La economía veracruzana es un contraste que refleja las
contradicciones propias del sistema capitalista neoliberal, ya que siendo el
cuarto estado con mayor producto interno bruto: también es el cuarto lugar con
viviendas de piso de tierra, sólo superado por Oaxaca, Guerrero y Chiapas;
siendo productores de electricidad sólo cubrimos el 97% de las viviendas,
cuando otros estados teóricamente más pobres y que no producen electricidad,
están cubriendo porcentajes superiores; nuestra tasa de desocupación total, si
bien es de 3.7, otros estados más pequeños y con economías menos integradas
tienen tasas más bajas. (INEGI)
CONAPO[1] por su
parte, nos dice que 182 municipios de la entidad están catalogados de medio a
muy alto grado de marginación y solamente treinta tienen un índice bajo o muy
bajo, es decir: Veracruz concentra su riqueza y dispersa la pobreza. Los
municipios de baja o muy baja marginación se encuentran en los polos
industriales de desarrollo o centros agropecuarios de vieja data, así,
Coatazacoalcos y Minatitlán con la explotación y refinación del petróleo
aparecen con baja marginación, pero a pocos, muy pocos kilómetros de ahí, están
municipios con índices de pobreza espantosos; igual sucede en el triángulo
formado por Veracruz-Boca del Río, Orizaba-Córdoba, Xalapa-Coatepec, cuyas
economías más integradas al comercio, a la industria o servicios, permiten a su
población vivir sin marginación alguna, rodeados de municipios marginados y
gente muy pobre. Destaca la región de las Altas Montañas donde se ubica Orizaba
y Córdoba, porque ahí se encuentran varios de los municipios catalogados como
los más pobres del país: Mixtla de Altamirano y Tehuipango, obviamente, los
otros municipios serranos, están un poco mejor, pero no dejan de vivir una pobreza
que los denigra y embrutece, reconoce el INEGI que Veracruz ocupa el ¡segundo
lugar de muertes por hambre!
Estos polos de desarrollo, rodeados por un cinturón de
municipios pobres, se nutren de una fuerza de trabajo barata y superexplotada
que cierra el círculo del desarrollo capitalista neoliberal, porque ese
ejército de reserva que muere sin atención ni piedad alguna, impactan
fuertemente el mercado del trabajo y tienden a bajar los precios del trabajo
mismo: la gente pobre, para subsistir, se contrata por migajas, elevando de esa
manera la cuota de plusvalía del capital.
Se destaca en el desarrollo económico del estado una grave
desarticulación entre la producción primaria y terciaria, de tal suerte que ser
campesino u obrero agrícola, tiene una gran diferencia entre ser empleado u
obrero industrial. La concentración de la producción industrial y los servicios
que crecen a su alrededor no están integrados con la producción agropecuaria,
generando con ello: una acelerada migración interna del campo a la ciudad o más
grave aún: hacia los Estados Unidos.
El desempeño gubernamental en cuanto a los políticas públicas
que tiendan a resolver estas contradicciones, está ensombrecido con un manejo
corrupto de las finanzas y la cosa pública. Transparencia Internacional da a
conocer en su página de internet[2], que en
América, de 32 países ocupamos el lugar 22; de los BRICS incluido México que
son 6, ocupamos el quinto lugar; del G20, ocupamos el 17; de la OCDE que son
34, somos el ¡último lugar!; demostrando con estos datos que México padece
endémicamente la corrupción de sus gobernantes y dentro de todo ello: Veracruz a
nivel nacional, es decir de los 32 estados, ocupa el lugar número 12 con una
puntuación de 6.9.
Si a toda esta situación socioeconómica se le agrega la
acción deleznable del narcotráfico, tendremos entonces un diagnóstico delicado
sobre la situación política del estado.
En ese ambiente crítico de corrupción y desempleo que prohíja
el incremento de actos delictivos y pone en riesgo la paz pública, el Poder
Legislativo, se presenta como un escenario pertinente para someter y equilibrar
a los Poderes Ejecutivo y Judicial tanto en sus graves omisiones como sus
acciones de tipo autoritario; para nadie es extraño saber que la corrupción anidada entre jueces, magistrados y agentes del ministerio
público; que la impunidad, en un círculo perverso, crea a más delincuentes.
Ahí, el Ministerio Público que es una arma poderosa del Poder Ejecutivo para
garantizar la paz al perseguir al delincuente, tanto con sus acciones u
omisiones, contribuye a elevar los niveles de inseguridad al no agarrar a nadie;
los Jueces y Magistrados, sometidos al
Poder Ejecutivo, lejos de garantizar sentencias justas, terminan
prostituyendo lo justicia y vendiéndola al mejor postor; seamos críticos,
también el Poder Legislativo ha mostrado su lado oscuro, al privilegiar las
iniciativas del Ejecutivo que aquellas que representan los intereses más
sentidos de los veracruzanos.
La oposición legislativa menguada e insuficiente, incoherente
y hasta “vendida” como suele llamarla la prensa, requiere de recuperar la
confianza de los ciudadanos y representar eficientemente sus intereses, no por
un simple espontaneísmo, sino como resultado de un análisis objetivo y concreto
de las condiciones que vive Veracruz.
Si los indicadores de los graves problemas en Veracruz,
atraviesan por una profunda corrupción de sus gobernantes y administradores,
resulta obvio que la agenda legislativa, tiene como objetivo prioritario:
reformar todo el marco jurídico de los órganos encargados de fiscalizar y
controlar la función pública. En ésta área tan sensible es necesario:
PRIMERO.- Legislar para que la Contraloría, lejos de quedar
en manos de los mismos corruptos, se integre con ciudadanos de reconocido
prestigio ético y moral; donde además, la ley los faculte para que sus
resoluciones tengan vinculación penal y el Ministerio Público atraiga el
expediente de manera oficiosa, finque responsabilidades, aplique sanciones y
resarza el daño al patrimonio.
SEGUNDO.- Reforma profunda al ORFIS y su Ley para que de
igual modo, el Auditor General, represente realmente los intereses de la
ciudadanía, transparente regularmente la función y realice en tiempo real y no
de manera posterior, las auditorias financieras, así como técnicas, a los entes
fiscalizables, incrementando sensiblemente las penas en caso de que corrompa la
función del órgano.
TERCERO.- Otorgar autonomía al Ministerio Público, para que
deje de ser un brazo del Ejecutivo; eficientar a la policía ministerial para
que sus investigaciones se fundamenten en los procesos científicos y modernos
de la investigación criminal, con el objeto de probar objetiva y
fehacientemente la relación causal entre el criminal y el crimen.
CUARTO.- Una profunda reforma al Poder Judicial, para que
jueces y magistrados rindan cuentas a la ciudadanía y donde el servicio civil
de carrera judicial, evalúe periódicamente a sus integrantes, detecte
oportunamente actos de corrupción, sancione debidamente los mismos y resarza el
daño patrimonial al Estado.
QUINTO.- Habilitación inmediata en todas las áreas de los
juicios adversariales de tipo oral, que permita garantizar una justicia pronta
y expedita, pero además, un debido proceso donde se acote la corrupción actual de
dichos juicios.
SEXTO.- Legislación de una Ley para consolidar la Contraloría
Social, otorgándole facultades a dichas instancias para que sus denuncias
tengan vinculación penal; es decir, el Ministerio Público, esté obligado a
investigar dichas denuncias.
Aclarar el entramado social y gubernamental donde se prohíja
la corrupción, obligando a todos los servidores públicos de los tres poderes y
los niveles de gobierno, facilitará la constitución de un Presupuesto Participativo,
que le permita a la ciudadanía opinar, con base a la información oportuna y
pertinente, sobre la orientación del gasto público, así como de las obras o
políticas públicas prioritarias; para ello, la agenda legislativa debe
contemplar las siguientes tareas:
PRIMERO.- Reforma a la Constitución y leyes orgánicas, para
garantizar que la ciudadanía y organizaciones civiles, opinen oportunamente
sobre la configuración del Presupuesto de Egresos.
SEGUNDO.- En garantía al derecho al trabajo, impulsar un
programa estatal, en coordinación con la federación, para incentivar una
política de empleo pleno; diseñando la articulación de los mercados internos y
vinculando la producción agropecuaria con la industria y los servicios en el
estado de Veracruz.
TERCERO..- Incorporación plena de las mujeres en todos los
ámbitos sociales y económicos, para garantizar realmente el derecho a la
igualdad frente a los hombres.
El impulso de la economía y la incorporación de las mujeres
al desarrollo económico del estado, pasa necesariamente: por una profunda
conversión cultural de la ciudadanía, podemos arriesgar el concepto de una
Revolución Cultural, que construya nuevos paradigmas en las generaciones
presentes y futuras que garanticen una vida plena, una cultura objetivamente
democrática y una transformación entre gobernados y gobernadores, donde éstos
últimos, estén sujetos al control de la sociedad; ello obliga a una nueva
educación, que significa la destrucción de un sindicalismo magisterial “charro”
y el control del desarrollo pedagógico de los maestros mediante un sistema de
carrera magisterial realmente científico, donde el interés primordial sean los
educandos y no los educadores, tal y como hoy sucede. En base a esto, resulta
necesario:
PRIMERO.- Una nueva ley de educación y reforma de la
Constitución, para crear un sistema educativo estatal de tiempo completo, donde
los educandos aprendan las habilidades del pensamiento que les permita sortear
los retos de la sociedad global del conocimiento.
SEGUNDO.- Reforma y consolidación del sistema estatal de
carrera magisterial, con capacitación y evaluaciones periódicas a los maestros,
con el fin de garantizar una educación científica, democrática y humanística a
los educandos.
TERCERO.- Reforma de la Ley para consolidar el papel de las
Asociaciones de Padres de Familia, con el objeto de dotarlos de facultades para
intervenir activamente en la educación de los hijos e hijas, coadyuvando en la
evaluación de los docentes y participando activamente en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Sin duda alguna, una agenda legislativa de este tamaño,
resulta ambiciosa y utópica, pero es necesaria. Por supuesto que existen otras
áreas de la administración pública que exigen reformas profundas para
garantizar un Estado Social y de Derecho, pero éstas: son torales.
Finalmente, el candidato a diputado que ofrezca esta agenda
debe de ser consecuente y en primer lugar: dar a conocer públicamente el monto
de su patrimonio, con el objeto de comprometerse a no usar indebidamente o
hasta robarse los recursos del erario; segundo, rendir cuentas periódicamente
de su trabajo como legislador; y tercero, presentar su renuncia anticipada y
someterse a un referéndum revocatorio, a la mitad de su período, para
garantizarle a los gobernados manifestar su aprobación sobre la representación
que le otorgó con el voto.
Esto es el inicio de un nuevo gobierno realmente democrático,
social, probo, eficiente, de derecho, que rinde cuentas y se somete siempre a
la voluntad del Soberano.
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