Tres
datos son importantes para este artículo de opinión: primero, México es reconocido
lamentablemente como el tercer país más peligroso para los periodistas[1],
así lo dio a conocer, apenas en octubre pasado la organización civil “Campaña
por un Emblema de la Prensa”; de los periodistas asesinados, en México, nueve
son de Veracruz y tal como lo reporta CNN[2],
hay casos emblemáticos: el de Misael López Santana, asesinado junto con su
esposa y su hijo fotógrafo, ambos del diario Notiver o el de Yolanda Ordaz,
brazo derecho de Milo Vela en la edición de la información policial del mismo
diario, que fue asesinada un mes después. Segundo, ante las denuncias públicas
nacionales y el reclamo internacional de organizaciones defensoras de los
periodistas, más el hecho concreto del asesinato de 9 periodistas y 30 más exiliados[3]
por la falta de seguridad para el desempeño de su trabajo, el gobernador Javier
Duarte de Ochoa, el siete de junio del año pasado, Día de la Libertad de
Expresión, en World Trade Center, anunció ante 700 periodistas del estado, así
lo reseñó El Universal[4],
que mandaría una iniciativa para modificar el artículo 67 de la Constitución
para crear con ese rango una Comisión Estatal de Atención y Protección a
Periodistas, cuya autonomía se igualara con la de los Derechos Humanos, entre
otras. Ese día, reseña el diario, se integró una Comisión Técnica que estudiara
y presentara el proyecto al Poder Legislativo, desde ese mismo día, el Poder
Ejecutivo, en sus atribuciones, “designó” la comisión de la siguiente manera:
Namiko Matzumoto Benítez como Secretaria Técnica, Norma Gibb Guerrero,
propietaria y directora del periódico La Opinión de Poza Rica; Baltazar Pazos
Gómez, director corporativo del Grupo Pazos; y Rocío Ojeda Callado, directora
de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad
Veracruzana y a los periodistas, Rogerio Pano Rebolledo de Telever;; Benita
González Morales, directora de noticias y conductora del Sistema Informativo
Notisur; Jorge Iván García Morato, coordinador y conductor de noticias MVS
Radio Poza Rica, y Gerardo Enríquez Aburto, reportero del Diario del Istmo y presidente
de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos, pero particularmente a Jorge
Morales Vázquez, de Plumas Libres, cuyo trabajo independiente y libre, es reconocido
por el gremio veracruzano. Tercero, en la cultura japonesa, existe un ritual
suicida que conocemos como Harakiri[5]
o Seppuku, que realizaban los samuráis: “que consideraban su vida como una
entrega al honor de morir gloriosamente, rechazando cualquier tipo de muerte
natural. Por eso, antes de ver su vida deshonrada por un delito o falta,
recurrían con este acto a darse muerte”. El ritual consiste en clavarse
una daga en el lado izquierdo del abdomen y cortárselo hacia el lado derecho,
regresar al centro y cortar hasta el esternón. Los samuráis que lo hacían, no
solamente lograban preservar su honor, sino también el de la familia y eran considerados
de “excepcional valor”. Las mujeres que seguían a su señor, simplemente
cometían un suicidio cortándose la arteria carótida que nutre al cerebro,
haciéndolo por las mismas causas, el honor entre ellas.
En
la vulgar política nacional, suele usarse la expresión “harakiri”, no como un ritual
honorable de expiar las culpas deshonrosas, sino como algo tonto e innecesario,
algo así, dirían nuestros políticos: -¡No soy pendejo, para hacerme el
harakiri!
Es
obvia la diferencia entre la actitud de los políticos japonés con respecto a
los políticos nacionales y esto se puede medir tan solo en el índice de
corrupción entre un país y otro. Japón[6]
se encuentra en el número 17 entre 174 países, con 74 puntos de 100, aclarando
que 100 es el menos corrupto, y México en el ¡105 y con solo 34 puntos!, sin
duda, algo tiene que ver está visión del mundo honorable, de respeto a los
códigos éticos y morales con respecto a la expresión y tolerancia sobre la
corrupción de los políticos.
El
tema, ahora sí, reconociendo los tres hechos anteriores es que finalmente, el
día 6 de noviembre del 2012, el Congreso del Estado, aprobó la reforma al
artículo 67 de la Constitución Local, que crea la Comisión Estatal para la
Atención y Protección de Periodistas, la cual se integró el 18 de diciembre del
mismo 2012, con la siguientes personas[7],
así lo informó Milenio: “Namiko Matzumoto Benítez como secretaria ejecutiva,
Rocío Ojeda Callado, como presidenta; a los periodistas Rogerio Pano Rebolledo,
Benita González Morales, Jorge Iván García Morato, Jorge Morales Vázquez; así
como los propietarios de medios de comunicación, Norma Gibb Guerrero
y Baltazar Pazos Gómez, como comisionados; y a Gerardo Enríquez Aburto y Martín
de Jesús García Pérez como representantes de organizaciones no gubernamentales.”
En esa ocasión a pregunta expresa de periodistas la presidenta del flamante
organismo autónomo dijo: “La Comisión estará buscando las mejores condiciones
para brindar seguridad a los periodistas veracruzanos y así puedan ejercer su
profesión con tranquilidad”.
Para
muchos periodistas, donde me incluyo, la elección de los integrantes de la
Comisión fue un acto autoritario del Ejecutivo, legitimado por un Poder
Legislativo subsumido a ese poder. En ningún momento, el gremio periodístico
tuvo la oportunidad de seleccionar dentro de ellos, el perfil, ni mucho menos,
a los mejores periodistas, tanto hombres como mujeres, que hay en Veracruz. Por
ello, los problemas no se hicieron esperar, pues lejos de constituir un
verdadero ombudsman de los periodistas, el genial juego del poder Ejecutivo,
fue constituir un órgano oficial que
le cubriera las espaldas ante tantas denuncias locales e internacionales por el
asesinato de periodistas.
Constituido
así el nuevo organismo, es decir, sin respaldo real de los periodistas, y
conformado por los más oficiosos lectores de simples boletines que manda el gobierno
desde su dirección de comunicación social, su deriva fue hacia el adocenamiento
y la burocratización de la nueva estructura, es decir, crear organigramas
obsoletos, contratar gente para no hacer nada, pero lo más cínico y contrario
al quehacer periodístico: ¡Asignarse un salario jugoso que ningún reportero
real, trabajador de los medios, se atrevería a soñar!.
Namiko
Matzumoto Benítez, la chispeante Secretaria Técnica, impuesta por Duarte en la
Comisión, más veloz que una gacetilla de cotilleo o sobre la pederastia y la
homosexualidad de los políticos, diseñó el organigrama, analizó lo que ganan
los integrantes del Instituto Electoral Veracruzano, del IFAI y de la Comisión
de Derechos Humanos y una vez: cansada y asombrada de los excesivos salarios
que aquellos cobran, decidió proponer a la Comisión unos más bajitos: ¡Salarios
que rondan los 50,000 pesos mensuales y bonos a sus integrantes por solamente
asistir a sus sesiones que están cercanos a los 20,000 pesos por sesión!
¡Ábrete sésamo! Diría asombrado Aladino al robar a los 40 ladrones; o mejor
aún, el Tlacuache Garizurieta, con su voz de falsete: ¡No me den, pónganme
donde hay!
Sólo
una voz, dentro de nuestros malos representantes de la nueva comisión se
atrevió a hablar, haciendo honor a la labor periodística que le reconocemos:
Jorge Morales Vázquez, quien sabía que su estancia en la organización para
atender y proteger a los periodistas, era para eso y no para enriquecerse sobre
los cadáveres de los colegas y mucho menos para hacerle loas al poder
Ejecutivo, inmediatamente denunció públicamente la propuesta obscena de
salarios que se pretendía implementar.
Namiko[8]
y los beneficiados de las nuevas plazas de “confort” que otorga el pertenecer a
la Comisión, contrario al fin para lo que están constituidos: iniciaron un
ataque concentrado contra el periodista Jorge Morales, aduciendo que había faltado
a la verdad y que los números no le “cuadraron”; lo que nunca presentó en su
campaña para realmente desmentir al periodistas fue: el tabulador donde se asignan
salarios los nuevos comisionados y ella misma.
Todos
sabemos que uno de los grandes problemas de la corrupción y del trabajo
periodístico es la “opacidad” en que trabaja la administración pública; que hace
imposible reseñar el hecho noticioso con objetividad e información oportuna;
por eso este trabajo se ha convertido en una especie de investigación digna de
agentes especializados del MP y por ello es peligroso, porque los corruptos
afectados por la denuncia periodística, no tienen ningún escrúpulo en destruir
al periodista, ya sea descalificándolo o mandándolo matar.
Ahora,
de manera patética y paradójica, la seguridad del periodista Jorge Morales
integrante de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los
Periodistas, está amenazada por la Secretaria Técnica de la misma; la cual,
sólo cumple el papel deshonroso de ser personera del Poder Ejecutivo. Que quede
constancia, de que la seguridad del periodista, la esta minando quien está
obligado por ley a garantizarla.
El
corazón del problema es el siguiente, la Comisión se creó para atender realmente
a los periodistas que por su labor están amenazados, tanto por grupos delincuenciales
como por las autoridades que son denunciadas sistemáticamente de corruptas; no
se creó para dar salarios desorbitantes a sus integrantes y menos para crear
más burocracia; tiene razón Jorge al dar publicidad a los intentos de Namiko de
convertir a la Comisión en un elefante blanco con salarios que ofenden y
contrastan a lo que realmente gana un reportero.
IPCN.- Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo (Voltaire) |
Namiko
o la presidenta, cuyo nombre no recuerdo ¿será que no dirige nada?, están
obligadas a presentar a la brevedad posible: primero, los salarios que se han
asignado; segundo, las partidas presupuestales dedicadas para la real
protección de periodistas amenazados; tercero, el padrón de los y las
reporteras que están recibiendo tal apoyo, porque como se están presentando las
cosas, no sea que Namiko sólo esté protegiendo compadres y comadres periodistas
o parientes de los integrantes de la Comisión; y finalmente, sus reuniones
deben de ser públicas, para que todo mundo se entere y no haga tal y como lo
está haciendo la secretaria: en lo “oscurito” para luego, tramposamente decir
que no lo dijo ni se hizo.
¿Y
el harakiri? ¡Ha bueno! Es muy sencillo, Namiko, debe de tener raíces mitad
japonesas y mitad mexicanas y ha aprendido a no ser pendeja para hacerse el
Harakiri, sabe que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, por
consiguiente… hará todo lo posible para desviar la atención de la denuncia de
Jorge Morales y se quedará sentada al frente de la Comisión.
¡Lástima!
Era la oportunidad de enriquecer la vida democrática del estado de Veracruz al
garantizar el ejercicio pleno del periodismo y el derecho a la libertad de
expresión; Duarte, al imponerla no se equivocó, la puso para garantizar que la
Comisión le desviara los golpes por la crítica de falta de libertad de
expresión y el asesinato de periodistas, pero a Namiko se le pasó la mano: hizo
de la comisión una horrible caricatura que amenaza al propio gobernador, pues
está dando que decir de nuevo en los medios estatales y nacionales, está
haciendo mucho ruido y lo que se quería era el silencio y eso ¡No se vale
Namiko!
[1]
http://www.eluniversal.com.mx/notas/873976.html
[2]
http://mexico.cnn.com/nacional/2012/06/15/ser-periodista-en-veracruz-un-riesgo-que-algunos-ya-no-quieren-padecer
[3]
http://www.proceso.com.mx/?p=328325
[4]
http://www.eluniversal.com.mx/notas/852070.html
[5]
http://es.wikipedia.org/wiki/Harakiri
[6]
http://www.transparency.org/cpi2012/results
[7]http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/8171806d4035e84fd9e2c1a8a4b7974e?quicktabs_1=0
[8]
http://www.noticiasatiempo.com/web/index.php/locales/358-miente-jorge-morales-le-aclara-la-comision-estatal-para-la-atencion-y-proteccion-a-periodistas
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